Por María Benedicta Giaquinto
El Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, rompió relaciones diplomáticas con Colombia, justificándose en la "sucesión de hechos e inamistosas imputaciones" que han marcado las relaciones de ambos países desde el sábado pasado, cuando una operación militar colombiana en suelo ecuatoriano terminó con la vida de Raúl Reyes", número dos y portavoz internacional de la guerrilla de las FARC. "Reyes", alias de Luis Edgar Devia, murió junto al menos otros 20 insurgentes en una operación que incluyó dos bombardeos y el ingreso en Ecuador de tropas colombianas para asegurar el campamento rebelde y recuperar el cadáver del líder rebelde y otro más.
La acción fue tomada por Correa como una "agresión" y un acto de violación de la soberanía de su país. Las relaciones bilaterales se deterioraron aún más la noche del domingo, cuando el director de la Policía Nacional de Colombia, el general Oscar Naranjo, reveló algunos detalles de archivos informáticos de tres computadores del jefe guerrillero que fueron decomisados en la operación en los que se hacen evidentes relaciones del Gobierno de Ecuador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluido un encuentro del ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, con el rebelde abatido, que ya fue confirmado por Quito. Estos supuestos nexos, como otros de Venezuela con la misma organización, centraron un comunicado divulgado hoy por el Ejecutivo en Bogotá.
Procediendo de manera previsible ante la ola de comentarios y reacciones de los demás países, sobre todo los latinoamericanos, y conforme al derecho internacional, el Ejecutivo de Álvaro Uribe admitió anoche que sus fuerzas de seguridad habían ingresado en territorio ecuatoriano, por lo que pidió excusas a Quito, aunque previamente dijo que lo hizo en "legítima defensa".
A este inicial conflicto bilateral se suma la reacción frente a estos hechos desmedida del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El ordenó el domingo el cierre de la embajada de Caracas en Bogotá y el despliegue de 10 batallones militares a la frontera con Colombia aduciendo que "el conflicto colombiano se ha convertido en una amenaza para todos los gobiernos del área" , es decir, está previniendo que le ocurra lo mismo.
¿Previniendo?
Esta palabra ya me suena que ha sido utilizada en conflictos anteriores y, lamentablemente, no ha sido reglamentado su uso por ninguna convención ni ley internacional, mucho menos permitido.
Porque en este punto sí que existen riesgos de que la crisis se internacionalice, y no se puede negar que el Presidente Chávez esté fomentando un clima de guerra regional.
Las causas de la reacción de Chávez pueden ser varias: o bien la merma de su popularidad que en el último tiempo ha generado la búsqueda de una oportunidad en la que pudiese intentar un alza de su perfil, o que la situación se le "vino encima" y tuvo que utilizar el armamento que ha venido adquiriendo en el último tiempo para demostrar el poderío militar de Venezuela, o mostrar finalmente la hilacha al poner de manifiesto los vínculos con las FARC y las visitas que se ha estado haciendo con Irán. O todas ellas combinadas.
Por su parte, Estados Unidos apoya incondicionalmente a Colombia, enviándole mensajes a través de su presidente directamente, e instando al Congreso a aprobar el TLC con ese país, y ponerlo al nivel de "cuestión de seguridad nacional" para Colombia. Esto creo que pone peor a Chávez pero a la vez le da más argumentos para "internacionalizar" el conflicto, ideologizarlo y alegar que su guerra es "contra el imperio" y las políticas norteamericanas en América Latina.
Ayer miércoles, y luego de una negociación de aproximadamente 24 horas, se llegó a un acuerdo para un texto, que se transformó en resolución y fue aprobada por unanimidad en la Organización de Estados Americanos (OEA) como "cuarto intermedio" del conflicto. En el texto de la resolución, Colombia acepta que ha violado la soberanía y el territorio de Ecuador, si bien no se la "condena" por ese hecho, como había pedido inicialmente la delegación ecuatoriana, lo que supone un logro para el Gobierno del presidente Álvaro Uribe. También establece la celebración de una reunión de cancilleres, el 17 de marzo en Washington, y la creación de una comisión exploratoria, y no investigadora como había solicitado
Ecuador, cuya misión será, viajar a la frontera entre Colombia y Ecuador para recoger datos, elaborar un informe y elevarlo posteriormente a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores (presidida por el Secretario General de la OEA).
Colombia, como es de suponer, quiere incluir un llamamiento a los 34 Estados miembros de la OEA para que "cumplan con su compromiso en la lucha contra el terrorismo". Es su contrapunto, y su objetivo más importante y considero fundamental que lo haga.
Los países presentes en el debate de la OEA coincidieron en condenar la violación del territorio ecuatoriano por parte de Colombia. Pero entre estas reacciones, cabe destacar la de la Presidenta de Chile, quien además de señalar la gravedad de la violación del territorio de un tercer país, reconoció que "también hay otros principios que son fundamentales como que ningún Estado debe entrometerse o inmiscuirse en temas internos", en clara alusión a la desmedida reacción del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Estas son reacciones lógicas y medidas, diplomáticas pero justas también.
Por ello considero que luego de la resolución de la OEA, Colombia debe ser cauteloso, pues ya está levantando su perfil al anunciar que demandará a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI), por "patrocinio y financiación de genocidas". Pero sería como entrar en la beligerancia retórica del chavismo, además de cambiar del lado diplomático al jurídico el tema, para el que no está muy claro aún si se tiene los argumentos necesarios.
Una cosa es que Colombia invoque la Resolución 1373 de la ONU, o el Artículo 51 de la Carta (que invocan legítima defensa y condenan a los estados que financian el terrorismo) para los que tiene sólidos argumentos, pero otra es que se demande a un jefe de estado democráticamente electo sin pruebas irrefutables en su contra. Además, no está clara ni la competencia de la CPI ni la tipificación de "genocidio" jurídicamente hablando, con lo cual en este ámbito puede que Colombia tenga más que perder que ganar.
Pero sí que Colombia tiene derecho a que sus vecinos respeten su mandato democrático y el hecho de que su presidente intente terminar con el terrorismo de las FARC y traer seguridad a sus ciudadanos, que fue la bandera con la que ganó las elecciones y para lo que los ciudadanos colombianos lo eligieron.
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