Colombia: El drama de los que siguen secuestrados

Por Julio Cirino y María José Bonacifa. Fundación Pensar Argentina.





Para toda persona bien intencionada, la discusión sobre el carácter de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), concluyó el pasado lunes 14 de enero de 2008.

¿Por qué? Porque ese día, como broche de un proceso que había comenzado a mitad de diciembre pasado, las FARC volvieron a secuestrar. Tres días después de haber liberado a dos rehenes (Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo), seis turistas pasaron a engrosar la lista de víctimas de la banda terrorista.

En la actualidad las FARC tienen en su poder unas 700 personas (el número exacto no se conoce y varía constantemente), las cuales están divididas en dos grandes grupos: “los canjeables” y “los otros”. Los primeros (unos 40), son aquellos rehenes a los que las FARC les atribuyen algún valor político y de hecho aspiran a utilizarlos para obtener la libertad de unos 500 miembros de la organización que, arrestados y juzgados cumplen condenas en diversas cárceles.

De “los otros” es de los que casi no se habla; mas de 650 personas, hombres y mujeres secuestrados en las calles, en los caminos y hasta en las iglesias. Ciudadanos de a pie, que no son “canjeables”. ¿Por qué?

La respuesta es simple, no son canjeables porque sus familias aún no pudieron juntar el dinero exigido por sus secuestradores para liberarles.

De hecho, cuando se produce una liberación de un “no canjeable”, las cosas suceden con total naturalidad: No se pide despeje de la zona al gobierno colombiano, no se ponen en marcha operativos humanitarios ni se exigen garantes internacionales ni, mucho menos, el cineasta Oliver Stone se moviliza para testimoniarlo todo con su cámara.

Sucede que las FARC tienen hoy dos fuentes principales de financiamiento: la primera es el narcotráfico, la segunda es el secuestro extorsivo.
Durante los años del presidente Pastrana (1998 – 2002), viajar por una carretera era casi una garantía de acabar secuestrado; fueron los años del estado ausente, que dieron por resultado el auge de las “pescas milagrosas”.

Cabe aclarar que es el irónico nombre con el que se bautizó a los cortes de ruta realizados por destacamentos de las FARC donde se detenía a los automovilistas y aquellos que por su vehículo, vestuario o apariencia, daban idea de alguna solidez económica pasaban a integrar la lista de secuestrados por rescate. Así personas de condición humilde se han visto forzadas a pasar meses – o años—rogando a sus secuestradores que redujeran sus demandas porque carecían del dinero para pagar.
Mientras tanto, los rehenes sobreviven como pueden en la selva, soportando durísimas condiciones climáticas, mal alimentados y normalmente encadenados las 24 horas del día sobre todo si pertenecen a alguna fuerza militar o de seguridad, sin visitas de la Cruz Roja Internacional y con casi nulo acceso a atención médica. Las recientemente liberadas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo dan cabal testimonio de esta situación.

El secuestro de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt (que tiene doble ciudadanía, franco-colombiana) y los renovados intentos del presidente de Francia por obtener su libertad; todo esto unido a un video que la muestra con un visible deterioro de su salud puso el tema de los secuestrados nuevamente en la portada de los medios.

Esta sería la oportunidad que el presidente venezolano Hugo Chávez aguardaba para recuperar el protagonismo que le permitiera regresar de la derrota electoral que sufrió el pasado 2 de diciembre su proyecto de reforma constitucional.
Los detalles del fallido “show de fin de año” donde las FARC liberarían a dos adultos y un niño (que luego resultó no tenían en su poder), permitió al venezolano colocarse nuevamente como el “peaje” forzado por el que Colombia debía transitar.
Las coordenadas famosas nunca llegaron, el tinglado se desmontó y finalmente las rehenes recuperaron su libertad en una acción mucho más discreta en su faceta crítica (el momento de la liberación y entrega a la Cruz Roja).

Pero “el espectáculo” reabriría sus puertas en Caracas donde Chávez, no conforme con el show de recibimiento no dudo en reclamar públicamente de la comunidad internacional que las FARC fueran removidas de las listas de organizaciones terroristas que compilan por separado, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.

Según sus propias palabras: “… son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político…”. Esto, a su criterio, sería suficiente para concederles el status internacional de fuerza beligerante.

Pongamos de lado por un instante el insulto que esto significaría para todas las victimas que aún continúan secuestradas y analicémoslo desde otro ángulo:
Colombia, como toda democracia, tiene mecanismos para la participación política, una activa oposición y procedimientos institucionales para que, quién tiene un proyecto político, y el apoyo de la ciudadanía; pueda materializarlo. Atender a la observación de Chávez implicaría abrir una nueva vía de acceso al poder: Se forma un grupo armado, se financia con cocaína y secuestros y luego reclama el reconocimiento internacional.

El punto central del reclamo de toda la comunidad internacional debería centrarse exclusivamente en obtener la libertad, no de los 40 canjeables, sino de las casi 700 victimas de secuestro, y el abandono por parte de las FARC de la metodología del secuestro extorsivo, claramente violatoria de los mas elementales derechos humanos. Sin olvidar las demás almas que permanecen secuestradas también por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas colombianas (AUC) y hasta la delincuencia común. Un total que llegaría a las 3000 personas teniendo en cuenta las cifras que maneja la ONG colombiana “País Libre”, que sostiene que el 80% de los secuestros en todo el mundo tienen lugar en Colombia, habiéndose transformado casi en un triste sinónimo de ese bello y rico país desde lo geográfico, lo cultural y lo humano.

Teniendo en cuenta esta cruda realidad, se puede pensar en construir puentes de diálogo. Pero no negociando bajo amenaza con narcotraficantes y secuestradores de por medio. Eso es algo que no se le puede demandar a un estado democrático. Hacerlo pondría en peligro la vida de los secuestrados y de todos los ciudadanos del mundo.

(*) Julio Cirino es director del Área de Relaciones Internacionales de la Fundación Pensar.
(*) María José Bonacifa es analista del Área de Relaciones Internacionales de la Fundación Pensar.